Comedores en Argentina: filas más largas, raciones más pequeñas y ausencia del Estado

En medio de la intervención judicial para que el Ministerio de Capital Humano garantice la distribución de mercadería, el trabajo de movimientos sociales atenúa la urgencia.

En el último semestre, la pobreza en la Argentina llegó al 49%. La emergencia alimentaria volvió a estar en agenda: el Presidente habló de la autonomía de la población para evitar “morir de hambre”, la Justicia ordenó a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello a entregar alimentos acopiados en depósitos con vencimiento próximo y su mano derecha fue despedido en medio de denuncias de corrupción. En ese escenario, movimientos sociales y comedores intentan dar abasto a una demanda cada vez mayor. El 8 de febrero pasado, el Ministerio de Capital Humano extendió el acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por $20.000 millones para la compra y distribución de alimentos. Las intervenciones de la Justicia Federal, que obligaron a la cartera a disponer de un plan de entrega de mercaderías o al menos de realización de un inventario, explicitan que la gestión nacional no ha cumplido con su parte del acuerdo. Aún más: han utilizado distintos argumentos para evitar su realización. La eliminación de intermediarios, la mala calidad de los productos o la reserva para eventuales tragedias fueron algunas de las explicaciones que ofrecieron para justificar que aún, a casi seis meses del inicio del gobierno, no se ha distribuido ningún producto. Los testimonios de los comedores consultados por Ámbito coinciden en ese sentido. «No hemos recibido ni ayuda ni un contacto por asistencia de ningún funcionario nacional. Solo nos hicieron llenar una planilla para saber cuántas familias venían a retirar comida y la dirección de los comedores. Más que eso, nada», cuenta Sonia Chorolque, que trabaja en uno de los 14 comedores que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) coordina en San Pedro de Jujuy. «Hemos atravesado tres auditorías y nos dijeron que estaba todo perfecto, pero nunca recibimos ni un kilo de arroz», agrega el Padre Francisco «Paco» Olveira, coordinador de la Casa del Niño de la Fundación Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud. Esa situación coincide con una oleada de renuncias en el Ministerio de Capital Humano: Ricardo Spartano, Horacio Pitrau, Pablo Rodrigué, Agustín Sáncehz Sorondo, Rodrigo Aybar, Omar Yasín, Mariana Hortal Sueldo, Liliana Acosta de Archimbal, Luis Palomino y Ricardo Boccacci son algunos de los secretarios o subsecretarios que dejaron sus puestos en el primer semestre de gestión. Pablo De la Torre, despedido de la Secretaría de Niñez y Familia, fue la última baja y la más sensible. Será investigado por sobresueldos a raíz de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por $6.772 millones, que la propia ministra Pettovello firmó el pasado 3 de mayo.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) @PNUDArgentina y la Organización de Estados Iberoamericanos para… pic.twitter.com/g9JSBxkMXs

— Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) February 8, 2024

“Los intercambios con funcionarios son de discusión constante, porque lo único que nos dicen es que no nos van a dar recursos porque los usamos para hacer política», relata Nicolás Caropresi, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que sostiene unos 750 espacios sociocomunitarios en el país. El MTE es la organización de referencia de Juan Grabois, uno de los principales apuntados por el Gobierno nacional como presunta malversación de fondos. «Hasta ahora, nunca nos llegó ninguna denuncia. Están revisando todos los papeles y se mueren por encontrarnos algo, pero todo lo que existen son denuncias mediáticas«, explica Caropresi.

La misma situación de hostigamiento describe Norma Morales, de Barrios de Pie, organización que trabaja con unos 3.000 espacios de cuidados comunitarios en todas las provincias. En diálogo con este medio, manifiesta que el primer acercamiento a los comedores que tuvo el actual Gobierno fue a través de allanamientos. En total, suman 31. “Son denuncias anónimas que se realizan desde la nueva línea 134. A partir de eso, allanaron brutalmente las casas de dos compañeras de Villa Lugano, a las que les sacaron los celulares. Invadieron sus casas, que es lo más íntimo. ¿Y en los comedores que van a encontrar? Buscaban cuadernos con informaciones y encontraron ollas vacías y alacenas vacías», describe.

Morales ejemplifica con el caso del Centro Comunitario Arco Iris, en Dock Sud, catalogado como “comedor fantasma” por la actual gestión: “Yo parí ese comedor y está haciendo hasta lo imposible para seguir funcionando y atender a 240 familias”.

Emergencia alimentaria: el día a día de los comedores

Los comedores y merenderos son espacios de referencia para la atención alimentaria en los barrios populares. «Este año se acrecentaron las familias que vienen. Antes había un grupo reducido de 30 chicos que iban al almuerzo y últimamente aparece gente nueva que se enteraban que había un merendero e iban a solicitar ayuda de alimentos y de ropa», precisa Maira Piris, fundadora del comedor Más Valores Presentes, que se expandió en cinco barrios de la ciudad de Formosa.

Además, relata cómo el aumento de la carne, el pollo y la leche en polvo dificultaron el valor nutricional de las raciones que se cocinan: «No damos abasto porque la mercadería está carísima y es imposible hacer un menú distinto porque lo que más rinde es el guiso o el estofado».

Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) en el país hay 34.782 comedores en los que colaboran 134.449 personas. “Trabajamos a pulmón. La mercadería para abastecer a estos comedores las recibimos de donaciones de los vecinos, que son un gran sostén y una ayuda. Además hacemos ventas para poder solventar la olla que todos los días trabajamos», narra Sonia Chorolque, desde San Pedro de Jujuy y se lamenta porque “a veces para darles a todas las familias tenemos que darle menos para que alcance. Cada día es más gente la que se acerca a los comedores».

Ante esa situación, el Padre Paco Olveira, junto a otros clérigos de la Opción Preferencial por los Pobres, anunció que iniciará una huelga de hambre a partir del martes si el Estado nacional no distribuye los alimentos acopiados en los depósitos que están a punto de vencer. «No tenemos ganas de hacer huelga de hambre pero si nuestra gente no tiene para comer, y el Gobierno no reparte alimentos, nosotros decidimos compartir su suerte», asegura. Luego, detalla: «No es metáfora que se come salteado, se cocina con leña porque no hay para cargar la garrafa». «Es muy jodido el momento de estar en un barrio y decidir a quién ayudar y a quién no«, concluye.

Caropresi, del MTE, comenta que “las compañeras que cocinan ahí apenas llegan a fin de mes» y que «la ración tiene más líquido que antes, por decirlo de alguna manera es más sopa que guiso». En contrapartida, apunta una situación que se está observando en los barrios vulnerables de la Argentina: «Los que venden la droga en el barrio se están acercando a las vecinas a ofrecerle las soluciones que el Estado no les está ofreciendo. Incluso en algunos casos han donado a los comedores unos 10 cajones de pollo, unos cuantos kilos de verduras. Se están volviendo jugadores territoriales y no lo están haciendo a punta de pistola”.

Solidaridad vecinal y organizaciones sociales

«En los barrios, los vecinos se acercan por su cuenta con alguna mercadería o con azúcar para ayudarnos. Cuando hacemos panes para vender, ellos nos ayudan comprando o vendiendo», apunta Sonia Chorolque, que remarca una situación de solidaridad vecinal que permite el sostenimiento de los comedores. Maira Piris, desde Formosa, también la destaca: “Hay mucha gente que confía en nosotros y por suerte las donaciones son cada vez más”.

El trabajo de organizaciones con alcance nacional trasciende la entrega de alimentos. En los casos de los espacios sociocomunitarios del MTE, las personas que se acercan pueden acceder a cortes de pelos gratuitos, baños de agua caliente, programas de prevención contra las adicciones y asesoramiento legal. “Hay mucha gente laburante que dona; está el carnicero que te da alitas Y el almacenero que te consigue aceite. Surge una solidaridad de decir: ‘Solos no podemos, juntémonos entre todos’. La barriada funciona así. Son gestos de apoyo que a uno le hacen no perder la esperanza y pensar que no todo está perdido”, cuenta Caropresi.

“Creo que este gobierno siente que somos una amenaza pero somos una red comunitaria que hoy más que nunca estamos en acción«, piensa Norma Morales y expresa: «Siento que el trabajo que venimos haciendo durante muchos años en los barrios tiene un valor porque no todo se ha desarmado ni destruido, así que ahora tenemos que profundizar en algunos debates». Ante un gobierno que desconoce el histórico trabajo territorial de vecinos y movimientos sociales, las organizaciones vuelven una vez más a responder ante la urgencia.

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