A 40 años de la recuperación de la democracia, los cuatro hechos que te cambiaron la vida
El trascendental Juicio a las Juntas Militares, que volvió a poner a la Argentina en el mundo, sigue interpelando los derechos humanos. En 1994 el asesinato del soldado Carrasco puso fin al servicio militar obligatorio y transformó el sentido de las fuerzas armadas. La ley de divorcio llegó en 1985 y abrió la puerta a los derechos de las mujeres.Y la Copa del Mundo que Argentina conquistó en 2022 tuvo como antecedente la de 1986.
«En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los desaparecidos. (…) Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Dónde estaban?» Fragmento del escrito de Ernesto Sábato para el Informe Nunca más, de la CONADEP, 1984
El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín a bordo de Cadillac, atravesó la interminable columna de miles de argentinos que se congregaron a lo largo de la Avenida de Mayo para celebrar la vuelta de la democracia.
En octubre, Alfonsín había ganado las elecciones con más del 50 % de los votos. La voluntad de las juntas militares era entregar el mando en mayo de 1984; sin embargo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) logró adelantar la asunción al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Los militares sancionaron en septiembre de 1983 la “Ley De Pacificación”, que amnistió los delitos cometidos con «motivaciones terroristas o subversivas» y «los hechos de naturaleza penal dirigidas a prevenir o poner fin» a esas actividades. Tres días luego de asumir, Alfonsín promulgó un decreto que ordenaba juicio sumario a nueve ex comandantes de las Fuerzas Armadas, entre ellos Videla, Viola, Massera y Galtieri.
La conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el 15 de diciembre de 1983, allanó el camino para el Juicio a las Juntas Militares, uno de los principales hitos desde la recuperación de la democracia.
«La decisión de llevar a juicio a los militares, aún con poder e influencia sobre la sociedad, contaba con un único antecedente comparable: los juicios de Nuremberg. Sin embargo, para León Arslanian, presidente del tribunal que juzgó a las juntas militares en 1985, la comparación no tiene asidero: «Los de Nuremberg fueron juicios hechos por los vencedores a los vencidos, sin respetar ningún principio ni garantías, sin un debido proceso. Lo de Nuremberg fue ipso facto.»
Sostuvo Arslanián que, en cambio, el juicio a las juntas se hizo con base en el Código Penal de 1921, con estándares de un código procesal de fines del siglo XIX y con la aplicación de un código de Justicia Militar antiguo. Una tarea colosal.
«Todos teníamos profundas convicciones y opiniones coincidentes para repudiar la violación crasa de derechos humanos por parte de las Juntas. Y también sentíamos una gran autoridad moral y política por la designación de nosotros por parte de un gobierno constitucional elegido por el pueblo», señaló Arslanián a Clarín.
El juicio comenzó en abril de 1985. Junto a Arslanián actuaron otros cinco jueces y los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Campos. Para el juicio, la CONADEP elaboró un informe de más de 7000 páginas de relevamiento de testimonios de sobrevivientes, de familiares de desaparecidos, represores y personal de los centros clandestinos de detención, clasificación de ingresos no declarados en cárceles, hospitales y morgues, y, lo más importante, sistematización del registro de denuncias sobre desapariciones.
El informe lo realizó un equipo interdisciplinario conformado por, entre otros, Ernesto Sabato, Ricardo Colombres, Hilario Fernández Long, René Favaloro, Magdalena Ruíz Guiñazú, Marshall Meyer y Graciela Fernández Meijide.
«Antes del juicio, hubo un político que se animó a pensar que podía oponerse a la Junta, primero trabajando en la APDH y, luego, cuando fue candidato, ofrecer investigación y juicio, que fue Ricardo Alfonsín. Visto así, es un trayecto de experiencia y de coraje», señaló Fernández Meijide.
Resaltó también la importancia que el accionar de jueces y fiscales representaba para toda la sociedad. «Fue la Justicia Civil la que intervino, respetando las formas del código de la Justicia Militar. Cuando Julio Strassera acusaba, estaba acusando en nombre nuestro. Fue la primera vez que la gente entendió lo que era un fiscal: es el abogado del pueblo», añadió Fernández Meijide.
«Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: “Nunca más”». Frase final del alegato del fiscal Julio Strassera, 18 de septiembre de 1985.
Luego de más de ocho meses de proceso judicial y un sinnúmero de amenazas a jueces, fiscales, testigos y tribunales, la sentencia emitida en diciembre de 1985 dictó que Videla y Massera cumplieran reclusión perpetua, que Viola cumpliera 14 años de prisión efectiva; Lambruschini, ocho; y Agosti, cuatro años y medio. Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, fueron absueltos.
Martín Balza, exjefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino durante el menemismo, recordó: «Antes de las elecciones de 1983 hubo un pacto entre sectores sindicales peronistas y un sector del Ejército, encabezado por el general Juan Carlos Trimarco, según el cual, si ganaba el peronismo (Ítalo Luder), no habría ningún juicio», sostuvo Balza. Y remarcó la valentía de Alfonsín para impulsar el juicio: «Ésa fue la primera vez que quienes atentaron contra el orden constitucional tuvieron que responder por ello».
